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La Unión General de Trabajadores (UGT) ha anunciado que sus servicios jurídicos abordarán cada caso de despido «juzgado por juzgado» para asegurar la implementación de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que se ha pronunciado en contra de la legislación española sobre despidos inminentes. Esta decisión ha sido calificada de «histórica y justa» por la organización.
José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón, destacó la importancia de esta resolución del organismo europeo, que supervisa el cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Sociales, firmada por España en 1996. A pesar de su firma, la ratificación completa no se logró hasta 2021.
El Comité, cuya resolución detallada se dará a conocer el próximo mes, considera que la legislación española, reformada en 2012, no compensa adecuadamente a los trabajadores despedidos injustificadamente y carece de un efecto disuasorio suficiente.
Arceiz criticó el sistema español de indemnización, que establece 33 días de salario por año trabajado, señalando que presenta «importantes deficiencias» en flexibilidad y disuasión. Según él, esto permite que el despido injustificado sea «predecible», ya que el monto de indemnización puede calcularse de antemano, lo que no disuade a los empleadores de realizar despidos.
El portavoz de UGT también mencionó que ha pasado demasiado tiempo desde que un trabajador es despedido hasta que se resuelve su caso, lo que ha afectado la recuperación de salarios desde la reforma laboral de 2012.
Se ha debatido si la resolución del Comité es vinculante para el Estado español. Mientras que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, la calificó de «consultiva», Arceiz defendió su obligatoriedad, argumentando que el Gobierno no puede ignorar los compromisos internacionales.
Arceiz instó al Gobierno a reformar la legislación laboral de manera urgente, pidiendo ajustes que permitan a los tribunales adaptar la indemnización a los «daños reales» sufridos por los trabajadores. También propuso eliminar los límites de compensación, fomentar la reincorporación laboral y asegurar una mediación judicial más rápida para la recuperación de salarios.
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