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El escenario del diálogo social en España está en un punto álgido debido a la decisión del Gobierno de ampliar la participación de organizaciones empresariales en estas conversaciones. A las ya presentes CEOE y Cepyme, se sumaría Conpymes, un grupo estatal con vínculos a la catalana Pimec. Este movimiento ha generado tensiones entre las organizaciones empresariales, que buscan consolidarse como los verdaderos representantes de los intereses de los empresarios. Sin embargo, sólo el 23,3% de las empresas están afiliadas a alguna de estas entidades.
Recientemente, la tensión ha aumentado entre el Gobierno y los representantes empresariales en la Mesa de Diálogo Social, especialmente en torno a la propuesta de reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas semanales. Esta medida fue bloqueada por PSOE y Sumar, generando un fuerte rechazo por no haber sido consultada con los agentes sociales.
El conflicto alcanzó un punto crítico durante la Asamblea General de Cepyme, donde su presidente, Gerardo Cuerva, criticó duramente el «intervencionismo» del Gobierno. Cuerva también denunció los intentos de limitar la influencia de las patronales en las negociaciones, abriendo la puerta a organizaciones emergentes. El Gobierno, por su parte, ha defendido la inclusión de Conpymes y Pimec en órganos como el Consejo Económico y Social (CES), aunque aún no ha detallado cómo implementará esta representatividad.
El problema subyacente es la falta de un sistema objetivo para acreditar la representación empresarial en la negociación institucional, algo que sí existe para los sindicatos. Actualmente, se aplica una norma del Estatuto de los Trabajadores que exige que las organizaciones representen al menos el 10% de las empresas y trabajadores a nivel nacional o el 15% a nivel autonómico para participar en la negociación de convenios colectivos sectoriales.
Esta falta de claridad también se refleja en la representatividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Según la Encuesta Anual de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, solo el 17,8% de las empresas con entre 5 y 9 trabajadores están afiliadas a una organización empresarial, cifra que aumenta al 26,3% entre las empresas con hasta 49 empleados. Este bajo nivel de afiliación se explica, en parte, por la alta fragmentación del tejido empresarial español, donde el 92% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores.
La representatividad también varía significativamente según el sector y la región. En la hostelería y la construcción, solo el 18,7% y el 22,9% de las empresas, respectivamente, están afiliadas a una organización. En contraste, en la logística y la industria, las cifras son del 31,9% y el 29,7%. Territorialmente, La Rioja presenta el mayor porcentaje de empresas afiliadas (38,7%), seguida del País Vasco (33,7%) y Aragón (33,2%), mientras que Andalucía y Madrid tienen los porcentajes más bajos, con un 15,1% y un 18,2%, respectivamente.
A pesar de estos desafíos, el 76% de los empresarios afiliados considera que su organización representa sus intereses, aunque este porcentaje varía según el tamaño de la empresa. En las pequeñas empresas, esta percepción es del 73,2%, mientras que en las grandes alcanza el 87%.
En este contexto, la «guerra» entre las organizaciones empresariales se centra en la representatividad de las pymes. Conpymes, apoyada por la catalana Pimec, critica el papel de Cepyme como un «satélite» de la CEOE. Esta rivalidad refleja las diferencias en cómo las grandes y pequeñas empresas perciben su influencia y representación en las negociaciones con el Gobierno.
La controversia también tiene un componente político, con Cepyme y Foment del Treball acusando al Gobierno de usar la ampliación de la representatividad como una concesión a partidos independentistas como Junts y ERC.
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