Connected media – Associated media
Los pequeños y medianos empresarios, representados por la patronal Cepyme, han alzado su voz contra la «intervención» y la «sobrerregulación» del Gobierno. Durante la Asamblea General, varios empresarios leyeron un manifiesto «por la libertad de empresa» donde expresaron su compromiso y su preocupación por las políticas que afectan las relaciones empresariales. En el evento, el Congreso de Representantes del Gobierno contó con la presencia de José Luis Escrivá, aunque la alcaldesa de Dardos y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también estaba involucrada.
El acto fue rechazado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. Cuerva denunció en su discurso que las medidas del Gobierno representan un ataque injusto y lesivo para los derechos empresariales y para el país, mencionando el artículo 38 de la Constitución Española que garantiza la libre implantación de la empresa.
El manifiesto de las pymes españolas por la libertad de empresa destaca las líneas rojas que el Gobierno no debe cruzar para no interferir en el buen funcionamiento de las empresas, evitando coacciones y obstáculos en su desarrollo. En resumen, defienden la libertad empresarial, oponiéndose al intervencionismo y la estigmatización del emprendedor. Cepyme desafía a las empresas a obtener beneficios bajo un entorno regulatorio más justo.
Durante la lectura del manifiesto, los pequeños empresarios españoles defendieron la «dignidad y la libertad empresarial». Según Cuerva, «la situación ha sido comunicada oficialmente al Gobierno».
La sobrecarga legislativa y la intervención en temas como salarios e impuestos han afectado el correcto funcionamiento de las empresas. «Exigimos que se corrija esta situación», declaró Cuerva.
Dignidad corporativa, costos y control político
Los empresarios colaboran estrechamente con sindicatos en reformas importantes y en la negociación colectiva. Acusan al Gobierno de intentar romper el equilibrio interno de los acuerdos sociales, refiriéndose a reportes de jornadas laborales y a injusticias en el trabajo.
Critican que en los últimos años el diálogo social ha sido usado con fines políticos en lugar de buscar el bien común. Las tensiones actuales en la mesa de diálogo social coinciden con la implementación de reformas. «Pedimos protección gubernamental en la organización interna de las empresas», demandan. Cepyme se negó a presentar una propuesta alternativa y ahora presenta este manifiesto, buscando cuidar el diálogo social y la negociación colectiva, y demandando mayor responsabilidad del Gobierno.
«Pedimos lograr protección gubernamental en la organización interna de las empresas.»
Los empresarios creen que el Gobierno les está imponiendo una política de aumento de costos, gastos burocráticos, fiscales y sociales. Además, afirman que los jóvenes son víctimas de la estigmatización del empresariado, basado en la búsqueda de beneficios y éxito. Reivindican el papel de las empresas en la sociedad y la economía.
A Díaz le solicitaron un análisis adecuado sobre la productividad, los costos laborales y la vulnerabilidad de los sectores más afectados por la reforma laboral. «Existe una intromisión política en la realidad del tejido productivo español», critican. «Pedimos a los afectados que no implementen decisiones que impacten directamente en la productividad y el funcionamiento de muchas empresas.»
Control, sobrerregulación y rigidez
Denuncian al Gobierno por implementar «medidas de control, supervisión y sanción» que reflejan una falta de confianza en el cumplimiento normativo por parte de las empresas. Perciben una proliferación del intervencionismo mediante normas, registros y planes de eficiencia energética que aumentan la carga burocrática.
«Pedimos que se limite la influencia del Gobierno sobre el funcionamiento y organización interna de las empresas y que se garantice su flexibilidad. Imponer modelos europeos de flexibilidad sin adaptarlos adecuadamente será un error costoso para todos los ciudadanos españoles», afirman.
Este punto incluye varios aspectos relacionados con la flexibilidad, como el aumento de los costos laborales, la extensión de las causas de despido y la intervención en los salarios, incluidos el salario mínimo y la reducción de los costos laborales en los últimos años. «Interferir en el funcionamiento interno de las empresas desde el ámbito gubernamental viola los derechos de propiedad, la toma de decisiones y la capacidad de respuesta a un entorno en constante cambio», concluyen.
Connected media – Associated media
