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La reforma de la autonomía regional diferenciada se ha convertido en un dolor de cabeza para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. A la fuerte oposición de la izquierda se une la crítica de los obispos, quienes consideran que la ley representa «un peligro mortal», ya que podría dividir al país en un norte próspero y un sur marginado. Aprobada en junio, esta ley permite que solo las regiones que lo soliciten al Estado tengan autonomía en la gestión de hasta 23 áreas, incluyendo salud, educación y cultura.
La ley, impulsada por La Liga, fue aceptada por Meloni para reforzar su poder, aunque no era su preferencia. Esto ha complicado su explicación a los votantes de diferentes autonomías. Además, su socio en el gobierno, Antonio Tajani, líder de Forza Italia, ha mantenido su postura de que la reforma debe incluir condiciones.
Forza Italia logró incluir la aprobación de los niveles esenciales de prestaciones (LEP), que garantizan estándares mínimos de servicios públicos en todo el país. El partido sostiene que la LEP no debe estar vinculada a la autonomía regional diferenciada y que su implementación podría reducir las marcadas diferencias regionales. El presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, de Forza Italia, afirma que el 90% de la población del sur se opone a esta autonomía.
En respuesta, el centro-izquierda está promoviendo un referéndum para derogar la ley, que requeriría la recolección de 500.000 firmas. La situación se complica con el rechazo de la Iglesia, que ha expresado su preocupación sobre la creación de «dos Italias». El obispo Francesco Savino, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), advirtió sobre el riesgo de un «salvaje oeste» entre las regiones más pobres si se implementa esta reforma.
Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la CEI, también destacó la importancia de mantener la solidaridad entre las regiones, enfatizando que la unidad de la República debe prevalecer frente a la división.
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